Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España y una de las más despobladas. Está organizada en nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Su característica demográfica más definitoria es el envejecimiento marcado y una despoblación rural intensa, especialmente en Zamora, Soria, Palencia y áreas amplias de León y Salamanca. La pirámide de población está claramente invertida en gran parte del territorio.
Esta realidad demográfica condiciona de manera directa el sistema de pensiones autonómico. Castilla y León figura tradicionalmente entre las comunidades con una ratio cotizantes/pensionistas más desfavorable, simplemente porque el volumen de población activa residente es comparativamente bajo respecto al de personas en edad de jubilación. El peso del agrario y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos vinculado a explotaciones familiares es relevante, sobre todo en cereal, vid, ganadería y sector forestal, lo que históricamente ha situado la cuantía media de pensión por debajo de la media nacional.
León, en concreto, hereda además parte del peso del Régimen Especial de la Minería del Carbón, residual hoy pero con un volumen no desdeñable de pensiones en pago. Las áreas urbanas (Valladolid, Burgos, Salamanca) sostienen el grueso del Régimen General gracias a su tejido industrial, universitario y de servicios. La gestión de pensiones contributivas corresponde al INSS bajo el régimen común, mientras que las no contributivas y otras prestaciones asistenciales las administra la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios Sociales.