Pensemos en un salario que supera la base máxima de cotización del Régimen General. Hasta la reforma de 2023, la parte que rebasaba ese tope quedaba al margen de la cotización. La cuota de solidaridad cambió eso: es una cotización adicional que recae precisamente sobre esa diferencia, la franja del salario que va por encima de la base máxima vigente. Por debajo de ese tope, todo sigue funcionando como antes.
Se introdujo como una de las medidas para reforzar los ingresos del sistema sin elevar de inmediato la pensión máxima en la misma proporción. Y ahí está su rasgo más contraintuitivo: a diferencia de la cotización ordinaria, lo que se aporta por cuota de solidaridad no cuenta para calcular la base reguladora ni la cuantía de la pensión del trabajador. Quien la paga no obtiene a cambio más pensión. Su naturaleza es estrictamente recaudatoria a favor del sistema, no contributiva en el sentido habitual.
La cuota no se aplica de golpe ni con un tipo único. La norma establece tramos según el porcentaje en que se supera la base máxima, con tipos distintos para cada tramo, y prevé un calendario de implantación progresiva hasta alcanzar la cuota objetivo. Los porcentajes exactos de cada año figuran en la Ley General de la Seguridad Social y en sus desarrollos reglamentarios.
Vista en conjunto, complementa al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y al aumento progresivo de la base máxima por encima del tope de pensión máxima. La idea de fondo del paquete es reequilibrar la relación entre lo que cotizan los salarios altos y lo que después reciben en forma de pensión.