El IPC, o Índice de Precios al Consumo, es la medida estadística oficial que sigue la evolución de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares en España. Lo elabora y publica cada mes el Instituto Nacional de Estadística (INE), y en el mundo de las pensiones aparece en dos puntos que afectan de lleno al bolsillo del pensionista.
El primero es la revalorización anual. Desde la reforma de 2021, las pensiones contributivas se actualizan cada 1 de enero conforme al IPC interanual medio del periodo que va de diciembre a noviembre del año anterior. Hay una garantía importante: si ese cálculo da negativo, las pensiones no bajan, se quedan en el importe vigente. El segundo es el cálculo de la base reguladora, donde las bases de cotización del periodo computable se actualizan según el IPC, salvo las de los dos años inmediatamente anteriores al hecho causante, que se computan por su valor nominal. Así se evita que las bases más antiguas pierdan peso por el simple efecto de la inflación.
No existe un único IPC. El INE difunde varias variantes —el general nacional, los desagregados por comunidades y grupos, y el IPC armonizado (IPCA) comparable a nivel europeo—, y la normativa de Seguridad Social usa, salvo regla específica, el general nacional.
La referencia al IPC no siempre ha sido la norma. Entre 2014 y 2018 rigió el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que desligó la subida del IPC y fijó suelos del 0,25 % anual; el resultado fue pérdida de poder adquisitivo en ejercicios de inflación moderada. Esa regla se derogó después y se volvió a tomar el IPC como referencia.