Revalorización anual

Según el Real Decreto 39/2026, de 21 de enero, las pensiones contributivas suben un 2,7 % con carácter general, en línea con el IPC interanual medio del periodo diciembre 2024-noviembre 2025. Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, las viudedades con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizan un 11,4 %. El resto de mínimas suben con porcentajes intermedios entre el 7 % y el 11,4 %. La diferencia responde al objetivo legal de proteger con mayor intensidad las pensiones más bajas frente a la inflación.

Desde la reforma iniciada en 2021, la subida se vincula al IPC interanual medio del periodo que va de diciembre a noviembre del año anterior. La cifra se concreta en un Real Decreto y, por lo común, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La revalorización opera sobre el importe bruto de la pensión; la pensión neta puede variar de forma distinta si cambian las retenciones de IRPF u otros descuentos. Las pensiones mínimas y las no contributivas pueden seguir reglas adicionales, con incrementos diferenciados respecto al IPC general.

No. La regla actual establece que si el IPC interanual medio resulta negativo, las pensiones contributivas no bajan: se mantienen en el importe vigente. Es una protección expresa frente a episodios de deflación que se introdujo con la reforma iniciada en 2021 al sustituir la fórmula del IRP. Bajo el IRP derogado tampoco se podían bajar las pensiones, pero la subida mínima era del 0,25 % anual, lo que en años de baja inflación resultaba en pérdida de poder adquisitivo. Con la regla actual el suelo es la congelación, no un porcentaje fijo.

El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) fue la fórmula introducida en 2013 que rigió la actualización de las pensiones durante varios años. Garantizaba subidas mínimas del 0,25 % al margen de la inflación, lo que erosionó el poder adquisitivo en periodos de precios al alza. Esa fórmula acabó derogada con la última reforma, que la sustituyó por la regla actual ligada al IPC interanual medio. El cambio buscaba precisamente recuperar la vinculación con la inflación real y blindar el poder adquisitivo de los pensionistas, manteniendo a la vez el suelo de que las pensiones no bajan aunque el IPC salga negativo.