El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) nació con la reforma de 2013 como respuesta a una preocupación concreta: atar la subida de las pensiones no a los precios, sino a la salud financiera del sistema. Fue la fórmula que actualizó las pensiones públicas en España entre 2014 y 2018, calculando la revalorización en función de los ingresos y los gastos previstos de la Seguridad Social.
La fórmula se apoyaba en tres pilares. Tenía un suelo y un techo legales: la subida no podía bajar del 0,25 % anual ni superar el IPC más un margen reducido fijado por la norma. Funcionaba al margen del IPC, de manera que en años de inflación moderada o baja la pensión podía subir solo ese 0,25 %, lo que se tradujo en varios ejercicios de pérdida de poder adquisitivo. Y dependía del equilibrio del sistema, porque incorporaba como variables los ingresos por cotizaciones, el número de pensiones, la pensión media y un factor corrector.
En la práctica dejó de aplicarse antes de su derogación formal. Quedó suspendido de hecho en 2018, cuando los Presupuestos Generales del Estado y normas posteriores fijaron subidas conforme al IPC saltándose la fórmula. La reforma iniciada en 2021 lo derogó formalmente y restableció el IPC interanual medio como criterio principal de revalorización de las contributivas, con reglas adicionales para mínimas y no contributivas.
Hoy el IRP no interviene en el cálculo de ninguna pensión, pero no ha desaparecido del debate: sigue citándose en discusiones sobre sostenibilidad y en las evaluaciones del Banco de España y de la AIReF cuando se comparan reglas alternativas de revalorización.