En cualquier debate sobre la sostenibilidad del sistema aparecen dos cifras que se confunden con frecuencia: la edad legal de jubilación y la edad efectiva. La primera es la que fija la norma; la segunda, la que cuenta el INSS cuando reconoce nuevas pensiones. En España, las dos no coinciden, y la distancia entre ambas explica buena parte del comportamiento real del sistema. Esta pieza separa los dos conceptos, repasa qué abre la brecha y resume la tendencia reciente.
Dos edades que casi nunca cuadran
La edad legal —también llamada ordinaria— es la edad en la que una persona puede acceder a una pensión contributiva de jubilación con el porcentaje del 100 % sobre la base reguladora, siempre que reúna los años de cotización exigidos. La fija el artículo 205 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por la reforma de 2011.
La edad efectiva es la edad media a la que las personas dejan realmente de trabajar y solicitan pensión. Se mide a partir de los registros administrativos del INSS y, en métricas internacionales, mediante encuestas de población activa armonizadas (OCDE, Eurostat).
Las dos no tienen por qué coincidir, y de hecho casi nunca lo hacen. Esa divergencia es la norma en prácticamente todos los países de la OCDE.
El calendario legal en marcha: 2011-2027
La Ley 27/2011 elevó progresivamente la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años, con un calendario que se completa en 2027. La transición incluye una pasarela: quien acredita un periodo amplio de cotización puede jubilarse antes, a la edad legal "más baja".
Para 2026, las edades vigentes son:
- 66 años y 8 meses para quien no acredite 38 años de cotización.
- 65 años para quien acredite 38 años y 3 meses de cotización.
En 2027 culmina la transición: 67 años en el primer caso, 65 años en el segundo (con 38 años y 6 meses cotizados).
Lo que tira de la edad efectiva en cada sentido
La edad efectiva no es un único número: es una media de comportamientos muy distintos que empujan en direcciones contrarias.
- Jubilación anticipada voluntaria. Permite adelantar hasta dos años respecto a la edad legal aplicable, con coeficientes reductores que pueden llegar al 21 % de la base reguladora. Aunque penaliza, sigue siendo una opción para quien tiene carrera larga y patrimonio o ahorro suficiente.
- Jubilación anticipada involuntaria. Se reconoce a quien queda fuera del mercado laboral por causas no imputables (despidos colectivos, ERE, extinción objetiva). Los coeficientes son menos severos. Esta vía explica buena parte de la cohorte que sale antes de la edad legal.
- Prejubilaciones convenidas y jubilaciones parciales con contrato de relevo. Empresas y trabajadores pactan salidas anticipadas, a menudo con complementos privados. El INSS las contabiliza como pensiones reconocidas a edades inferiores.
- Jubilación demorada. El RDL 2/2023 reforzó los incentivos: complemento del 4 % por año de demora, pago único de hasta 13.000 euros aproximados según años cotizados o combinación de ambos. Empuja la edad efectiva en sentido contrario al de las tres vías anteriores.
El saldo entre estas fuerzas determina la cifra agregada que se publica cada año.
Hacia dónde se mueve
Según las estadísticas de la Seguridad Social cerradas a 2024, la edad media efectiva de jubilación en España se situó en torno a 65,2 años, con una cifra ligeramente superior entre las mujeres. La OCDE publica una serie comparada en Pensions at a Glance que muestra a España con una edad efectiva ligeramente por debajo de la legal aplicable, pero por encima de la media de la OCDE en 2024.
En lo cualitativo, conviven tres movimientos. La reforma de 2011 ha empezado a desplazar la edad efectiva hacia arriba a medida que se cierran las pasarelas que permitían jubilarse a los 65 con menos años cotizados. Los incentivos a la demora del RDL 2/2023 han incrementado el número de pensiones reconocidas por encima de la edad legal, sobre todo en cohortes con buenas bases de cotización. Y la jubilación anticipada involuntaria mantiene un peso significativo en el flujo anual, actuando como contrapeso de ese empuje al alza.
La AIReF ha señalado en sus opiniones recientes que reducir la brecha entre edad efectiva y legal es una de las palancas con mayor impacto sobre la sostenibilidad del sistema, junto con la productividad y el empleo. Por eso la diferencia entre las dos edades no es una curiosidad estadística: es uno de los frentes donde se decide la cuenta de resultados del sistema en las próximas décadas. Mientras la edad legal sube por calendario, la efectiva avanza más despacio, condicionada por las salidas anticipadas; cerrar esa distancia es, en gran medida, lo que está en juego cuando se habla de "alargar la vida laboral".
Cómo leer esta cifra
La edad efectiva que se maneja aquí, en torno a 65,2 años en 2024, es una media de comportamientos muy dispares: jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias, prejubilaciones y demoras tiran en sentidos opuestos, y la cifra agregada esconde esa heterogeneidad. No describe la edad a la que se jubilará una persona concreta, que depende de su carrera, sus años cotizados y su situación laboral. Las edades legales citadas para 2026 y 2027 corresponden al calendario vigente de la Ley 27/2011 y podrían modificarse con una nueva reforma. La lectura de que reducir la brecha entre efectiva y legal mejora la sostenibilidad es una valoración técnica de la AIReF, condicionada además por el empleo y la productividad. Y nada de esto es asesoramiento sobre el momento de jubilarse: ese cálculo corresponde al INSS.
Fuentes
- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, arts. 205-209 y disposiciones transitorias.
- Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
- Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, en lo relativo a incentivos a la demora.
- Estadísticas de la Seguridad Social, edad media de jubilación en altas anuales, serie cerrada a 2024.
- OCDE, Pensions at a Glance 2025, capítulo sobre edad efectiva de salida del mercado laboral.
- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), opiniones sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.