Para comparar el esfuerzo en pensiones de un país con otro, el dato absoluto en euros sirve de poco. La magnitud que de verdad permite comparar es el gasto en pensiones sobre el PIB: qué fracción del producto interior bruto se destina cada año al pago de pensiones públicas. Es la referencia tanto en las comparaciones internacionales como en los modelos de proyección de sostenibilidad.
El cálculo es un cociente. En el numerador va el gasto total en pensiones contributivas y no contributivas reconocido por la Seguridad Social y por Clases Pasivas en el año, incluidas pagas extras y revalorizaciones. En el denominador, el PIB nominal del país en ese mismo año. El resultado es un porcentaje, comparable entre años —recoge el efecto demográfico y normativo— y entre países —refleja la estructura del sistema y su nivel de generosidad—.
Un detalle importante de cualquier ratio del PIB es que numerador y denominador se mueven por separado. Una caída del PIB real puede elevar el ratio aunque el gasto nominal no varíe, y al revés; por eso la cifra hay que leerla junto a la evolución demográfica subyacente y a las medidas normativas adoptadas, no como un número aislado.
En términos europeos, España se sitúa en una franja media-alta. Las proyecciones de la Comisión Europea en sus Ageing Reports, de la AIReF y del Banco de España anticipan un incremento significativo a medida que la generación del baby boom se incorpore masivamente a la jubilación, con un horizonte de presión máxima en torno a 2045-2050. Los datos exactos de cada ejercicio se publican en los Presupuestos Generales del Estado y las memorias económicas del Ministerio competente, en los informes anuales de la AIReF y del Banco de España, y en las series de Eurostat y los Ageing Reports trienales de la Comisión Europea.