Detrás de la pregunta corriente sobre si "el sistema es sostenible" hay un concepto técnico preciso: el equilibrio actuarial. Es el principio según el cual los ingresos por cotizaciones —presentes y proyectados— deberían cubrir los compromisos de pago de pensiones —presentes y proyectados— a lo largo de un horizonte definido. No es una respuesta de sí o no, sino una comparación que se puede mirar a distintos plazos.
En el corto, el equilibrio anual exige que los ingresos corrientes por cotizaciones cubran el gasto en pensiones contributivas de cada ejercicio sin necesidad de transferencias adicionales del Estado. En el largo, el equilibrio plurianual mira un horizonte de 40-70 años y compara el valor presente de las cotizaciones esperadas con el de las pensiones esperadas, ajustado por las hipótesis demográficas y económicas. Y aquí entra el matiz que más condiciona el resultado: la sensibilidad a las hipótesis. Las proyecciones dependen de los supuestos sobre esperanza de vida, fecundidad, productividad, salarios reales, empleo y políticas paramétricas; pequeñas variaciones en esas variables generan diferencias significativas en los números finales.
Para acercar el sistema a ese equilibrio, España combina varios instrumentos: el Fondo de Reserva como colchón financiero para desequilibrios temporales; el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cotización adicional finalista que refuerza el Fondo durante el periodo de máxima presión demográfica; la cuota de solidaridad sobre los salarios altos; las aportaciones del Estado previstas por norma para los llamados "gastos impropios" (parte de complementos a mínimos, etc.); y la cláusula de cierre de la reforma de 2023, por la que la AIReF revisa periódicamente si los ingresos adicionales evolucionan según lo previsto y, si no, activa medidas de ajuste.
Para evaluar si el equilibrio es real, la referencia son los informes técnicos de la AIReF y del Banco de España.