Cuando se discute si una reforma de pensiones se sostiene en las cuentas, el árbitro técnico al que todos miran es la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Nació en 2013 con un encargo claro: velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas en España. Es independiente del Gobierno desde el punto de vista funcional y rinde cuentas ante las Cortes Generales.
En pensiones, su huella es amplia. Emite opinión previa sobre las grandes reformas y normas que tocan el sistema, tanto por el lado de los ingresos como del gasto. Evalúa de forma periódica el impacto fiscal y la suficiencia financiera de medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la cuota de solidaridad o la subida progresiva de la base máxima de cotización. Elabora proyecciones de gasto en pensiones a largo plazo y revisa los supuestos demográficos y económicos que manejan el Gobierno y la Comisión Europea en sus informes de envejecimiento. Y se ocupa de la llamada "cláusula de cierre" que introdujo la reforma de 2023: cada cierto periodo debe valorar si los ingresos adicionales y el gasto en pensiones evolucionan como estaba previsto.
Sus informes salen publicados íntegramente y han nutrido buena parte del debate sobre la edad efectiva de jubilación, la tasa de sustitución, la revalorización y el equilibrio del sistema. No son vinculantes —nadie está obligado a seguirlos—, pero se han convertido en referencia técnica difícil de esquivar en la discusión pública.
La norma que la regula es la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre.