Un trabajador se jubila cobrando tres cuartas partes de su sueldo final: su tasa de sustitución bruta es del 75 %. Ese cálculo —la primera pensión dividida entre el último salario en activo— resume en un solo número la generosidad de un sistema público y es uno de los indicadores más usados para comparar países.
Distinguir entre bruta y neta importa más de lo que parece. La tasa bruta compara importes antes de impuestos. La tasa neta compara lo que de verdad se ingresa, ya descontados IRPF y cotizaciones, y suele salir más alta porque los pensionistas soportan menos retenciones que los trabajadores en activo. Comparar la cifra de un país con la de otro sin precisar cuál se está usando lleva a conclusiones engañosas.
España ha mantenido históricamente tasas brutas elevadas frente a la media de la OCDE y de la Unión Europea, y ese dato es munición recurrente en los debates sobre sostenibilidad. Según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, España proyecta una tasa de sustitución bruta del 80 % para una carrera completa con salario medio (hombres), una de las más altas de la organización, frente a una media OCDE del 52,0 %.
Eso sí, el dato agregado no es el de cada persona. La tasa individual depende de la carrera de cotización, de la base reguladora y de los coeficientes que se apliquen, así que no hay un porcentaje fijo. Las reformas recientes y mecanismos como el MEI persiguen, entre otros objetivos, sostener esa tasa sin desequilibrar las cuentas del sistema.