Si hay una sola variable que explica por qué España lleva quince años reformando sus pensiones, es el envejecimiento de la población: el aumento sostenido del peso relativo de las personas mayores en el conjunto. Para un sistema de reparto, donde lo que cotizan los activos paga lo que cobran los jubilados, esa deriva demográfica es la presión estructural por excelencia y el motor de las sucesivas reformas paramétricas.
No lo provoca un único factor, sino tres que actúan a la vez. El primero es el aumento de la esperanza de vida: se vive cada año más, sobre todo a partir de los 65 años, y España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, de modo que las pensiones de jubilación se perciben durante más años. El segundo es el descenso de la natalidad, con una tasa de fecundidad que lleva décadas por debajo de la tasa de reemplazo (≈ 2,1 hijos por mujer), lo que estrecha la entrada de nuevas cohortes activas. El tercero es el efecto cohorte del baby boom: la generación nacida entre 1957 y 1977, la más numerosa de la historia española, empieza a alcanzar la edad de jubilación y concentrará en pocas décadas un volumen excepcional de nuevos pensionistas.
Sumados, esos tres componentes empujan en la misma dirección. Hay más pensiones simultáneas y de mayor duración media, baja el ratio cotizantes-pensionistas, sube la tasa de dependencia y, como consecuencia, el gasto en pensiones sobre PIB tiende al alza. España ha respondido con reformas en 2011, 2013, 2021 y 2023 que combinan medidas paramétricas, refuerzo de ingresos y mecanismos correctores. El debate de fondo no es si el envejecimiento ocurrirá —ocurre—, sino con qué intensidad y con qué correcciones se afronta.