Ingreso Mínimo Vital (IMV)

El IMV protege a la unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad económica, no a la persona individualmente. Pueden solicitarlo personas adultas a partir de 23 años (o desde 18 con menores a cargo) que residan legalmente y de forma habitual en España, con un periodo previo de residencia fijado por la norma, y cuyos ingresos disponibles —del titular y, en su caso, de la unidad de convivencia— estén por debajo del umbral garantizado para esa composición familiar. La unidad puede ser una persona sola, una pareja con o sin hijos, una familia monoparental, o agrupaciones más complejas previstas por la ley. Hay coeficientes específicos para familias monoparentales, menores y personas con discapacidad.

La cuantía cambia cada año según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la composición familiar. Para 2026, tras la subida del 11,4 % aprobada por el Real Decreto-ley 16/2025, la renta garantizada para una persona adulta sola es de 733,60 €/mes en 12 pagas, y aumenta de forma escalonada con cada miembro adicional de la unidad de convivencia, con coeficientes específicos para familias monoparentales, menores y personas con discapacidad. Al IMV se vincula además un complemento de ayuda para la infancia, dirigido a unidades de convivencia con menores a cargo, que se reconoce con carácter adicional.

Sí, la propia ley del IMV prevé compatibilidad con rentas del trabajo y mecanismos de incentivo al empleo para evitar que la salida de la prestación penalice fiscalmente al beneficiario que encuentra un empleo. La compatibilidad se articula sobre la diferencia entre los ingresos disponibles de la unidad de convivencia y el umbral garantizado: el IMV cubre la brecha. Si los ingresos del trabajo elevan los disponibles por encima del umbral, el IMV se reduce o se extingue, con reglas progresivas que evitan la pérdida brusca del derecho. El complemento de ayuda para la infancia vinculado al IMV sigue una lógica de compatibilidad similar para unidades con menores a cargo.

No exactamente. Aunque lo administre la Seguridad Social y sea una prestación del nivel asistencial, el IMV no es una pensión en sentido estricto: es una prestación de protección social orientada a combatir la pobreza, distinta de las pensiones de jubilación, viudedad o invalidez, y distinta también de la pensión no contributiva. Frente a esta, el IMV es subsidiario (cubre la brecha entre los ingresos disponibles y un umbral mínimo garantizado), protege a la unidad de convivencia y no exige edad mínima de 65 años ni discapacidad acreditada por encima de los 23 años (o 18 con menores). La pensión no contributiva, en cambio, tiene cuantía fija, se reconoce a la persona individualmente y la gestionan las comunidades autónomas, mientras que el IMV lo gestiona directamente el Estado (INSS).