El INE, Instituto Nacional de Estadística, no paga pensiones ni recauda cotizaciones, y aun así está dentro de su engranaje. Es el organismo responsable de la estadística oficial del Estado en España, y produce los indicadores que la propia normativa usa para calcular cuantías y proyectar hacia dónde va el sistema. Sin sus cifras, varias reglas de las pensiones se quedarían sin variable que aplicar.
La más directa es el IPC, el Índice de Precios al Consumo: desde la reforma de 2021 es la base de la revalorización anual de las pensiones contributivas. En concreto, la media interanual de diciembre-noviembre del IPC es la cifra que decide cuánto suben las pensiones cada 1 de enero. A partir de ahí, el INE aporta otras piezas igual de relevantes. Sus proyecciones de población y esperanza de vida alimentan los modelos de sostenibilidad de la AIReF y del Banco de España, además de los informes de envejecimiento de la Comisión Europea. La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrece la fotografía trimestral del mercado laboral, de donde se extraen ratios como la tasa de empleo o el número de cotizantes potenciales. Y sus estadísticas de salarios y coste laboral sirven para contrastar cómo evolucionan las bases de cotización frente a la economía real.
Depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Una ventaja nada menor para quien quiera trabajar con estos datos: son públicos y de acceso libre, de modo que pueden reutilizarse en informes propios siempre que se cite la fuente.