Jubilación anticipada por discapacidad ≥ 65 %

Basta acreditar un grado de discapacidad ≥ 65 % durante los años cotizados que se quieren beneficiar del adelanto, con independencia de la patología que motive el grado. Esa es la diferencia que más pesa frente a la modalidad del 45 %: aquí no hace falta encajar en un listado cerrado de patologías. El supuesto está regulado en el Real Decreto 1539/2003. Para que esos años cuenten, el organismo competente —la comunidad autónoma o el IMSERSO— debe haber certificado la situación durante el periodo que se computa.

Hay dos diferencias clave. La primera, el acceso: la modalidad del 65 % no exige una patología concreta dentro de un listado tasado, mientras que la del 45 % (RD 1851/2009) sí exige patologías incluidas en un listado generadoras de reducción de esperanza de vida. La segunda, los coeficientes: los del 65 % son menores en valor unitario (cada año cotizado con discapacidad reduce menos la edad legal), pero el acceso es más amplio. Los del 45 % son más generosos en cada año cotizado, pero solo se aplican a las patologías listadas. Responden a lógicas distintas y se aplican según el caso concreto.

Si, además del grado de discapacidad ≥ 65 %, el trabajador acredita necesidad de concurso de tercera persona para los actos esenciales de la vida diaria, el coeficiente aplicable es mayor que el ordinario de la modalidad del 65 %. La acreditación de la necesidad de tercera persona se hace por el organismo competente (comunidad autónoma o IMSERSO) en el certificado de discapacidad. Este coeficiente reforzado permite adelantar la edad legal de jubilación de forma más significativa que el ordinario, sin reducción económica de la pensión.

El coeficiente actúa solo sobre la edad, no sobre la cuantía. La pensión se calcula con las reglas ordinarias: base reguladora, porcentaje correspondiente a los años cotizados según la escala vigente, y topes mínimo y máximo. No hay reducción económica por el adelanto, lo que la diferencia claramente de la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria. La pensión es incompatible con la pensión por incapacidad permanente del propio trabajador: aquí se trata de jubilación, no de incapacidad para el trabajo. Sí es compatible con pensiones de viudedad, orfandad o favor de familiares dentro del tope global de pensiones públicas, y con rentas del trabajo en los términos previstos para la jubilación activa, flexible o parcial una vez accedida la pensión.