Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad

Cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se produce porque la empresa incumplió la prevención de riesgos, la Seguridad Social añade un castigo económico: el recargo de prestaciones. Es un incremento sobre las prestaciones derivadas de ese siniestro, que va del 30 % al 50 % de la prestación según la gravedad de la infracción. Se aplica sobre todas las prestaciones derivadas del accidente o enfermedad profesional: incapacidad temporal, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, LPNI y, en su caso, auxilio por defunción. Tras el acta de la Inspección de Trabajo, el INSS resuelve la imposición. La regulación está en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social.

El recargo oscila entre el 30 % y el 50 % sobre la prestación, según la gravedad del incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. La cuantía exacta la decide el INSS, normalmente a propuesta de la Inspección de Trabajo tras levantar acta del incumplimiento. Factores que pueden agravar el recargo: incumplimiento reiterado, gravedad de las consecuencias del accidente, falta total de evaluación de riesgos, ausencia de medios de protección colectiva, falta de formación específica del trabajador.

Lo paga exclusivamente la empresa. El recargo no se cubre con cotizaciones ordinarias, no puede asegurarse y no es compensable por el seguro de responsabilidad civil que la empresa pueda tener contratado. La normativa lo configura como una sanción económica al empresario incumplidor, y por eso impide su traslado a cualquier otro sujeto.

La empresa abona el recargo durante toda la vida útil de la prestación. En supuestos de pensión vitalicia (incapacidad permanente, viudedad, orfandad), la empresa debe ingresar el capital coste correspondiente al recargo en la TGSS, calculado actuarialmente, para garantizar el pago futuro. Esa cantidad se reclama de una sola vez y, si la empresa no la paga voluntariamente, la TGSS asume la recaudación por la vía ejecutiva.

Sí. El recargo es compatible con la responsabilidad civil derivada del accidente, no la sustituye. Una víctima de accidente con incumplimiento empresarial puede reclamar daños y perjuicios por la vía civil además del recargo, sin que las cantidades obtenidas por una vía descuenten las de la otra.

La lógica es que el recargo es una sanción de derecho público vinculada a la prestación de Seguridad Social, mientras que la responsabilidad civil cubre el daño efectivamente causado al trabajador (daño emergente, lucro cesante, daño moral). Son títulos jurídicos distintos. La articulación entre ambos cauces ha sido afinada por la jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo, y se traduce en una protección reforzada del trabajador accidentado frente a empresas incumplidoras.

El recargo se mantiene durante toda la vida útil de la prestación sobre la que se aplica. Si la prestación es vitalicia —como una pensión de incapacidad permanente, viudedad u orfandad—, el recargo acompaña a esa pensión mientras se perciba. Para garantizar ese pago futuro, la empresa debe ingresar de una sola vez el capital coste correspondiente al recargo en la TGSS, calculado actuarialmente. Por su carácter punitivo y su imposibilidad de aseguramiento, junto al capital coste es el principal incentivo económico al cumplimiento de la normativa de prevención y una de las herramientas más punitivas del sistema.