Una cosa es la edad a la que la ley permite jubilarse y otra, la edad a la que la gente se jubila de verdad. La edad efectiva de jubilación es la segunda: la edad media a la que las personas acceden realmente a la pensión, frente a la edad legal, que es la mínima exigida para hacerlo sin coeficientes reductores. Es un indicador de cabecera para medir cómo funciona el sistema, y lo publican con regularidad la Seguridad Social, la AIReF y organismos internacionales como la OCDE.
Por qué casi siempre queda por debajo de la edad legal tiene una explicación de peso: buena parte de las altas se producen por modalidades anticipadas, voluntarias o involuntarias. Además varía mucho por sectores, regímenes y categorías. En actividades con coeficientes reductores específicos, como el mar o la minería, la edad efectiva tiende a ser más baja; y en quienes acumulan carreras de cotización largas también puede caer por debajo de 65 años, gracias a la regla del adelanto sin reducción. La tendencia, eso sí, es al alza: las reformas recientes han subido tanto la edad legal como, poco a poco, la efectiva, aunque el efecto llega con retardo y de forma desigual entre colectivos.
Esa distancia entre lo legal y lo efectivo es un tema recurrente en los informes de la AIReF y del Banco de España, porque cuanto mayor es, más presión soporta el sistema en años de pago de pensión y cotizaciones perdidas.
Los datos de la Seguridad Social lo concretan: en 2024 la edad media efectiva de acceso a la jubilación en España se situó en 65,2 años, máximo histórico de la serie, frente a 64,4 años en 2019. En las mujeres fue algo mayor, 65,8 años. Ese año las jubilaciones anticipadas supusieron el 28,6 % de las altas iniciales y las demoradas el 9,7 %, frente al 4,8 % de 2019.