La Seguridad Social es el sistema público español que protege económica y sanitariamente a los trabajadores y sus familias frente a contingencias previsibles —jubilación, enfermedad, accidente, maternidad/paternidad, fallecimiento— y frente a situaciones de necesidad. Su objetivo es asegurar un nivel mínimo de cobertura con independencia de los recursos de cada beneficiario.
Lo que mejor explica su funcionamiento es la línea que separa dos lógicas opuestas de financiación:
- Nivel contributivo: se nutre de las cotizaciones de empresas y trabajadores y reconoce prestaciones según el historial cotizado: jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente, prestación por nacimiento y cuidado del menor, incapacidad temporal y prestación por desempleo (esta última gestionada por el SEPE).
- Nivel no contributivo: se paga con impuestos generales del Estado y cubre a quienes no acreditan cotización suficiente: pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, complementos a mínimos, Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares.
A esos dos niveles se suman los servicios sociales y la asistencia sanitaria, gestionados en su mayor parte por las comunidades autónomas a través de sus servicios de salud, con coordinación estatal.
Detrás del sistema hay un reparto claro de funciones entre entidades. El INSS reconoce y paga las pensiones contributivas y otras prestaciones económicas; la TGSS se ocupa de afiliación, alta, baja, recaudación de cotizaciones y patrimonio; el ISM hace ambas cosas para el Régimen Especial del Mar; el IMSERSO gestiona las pensiones no contributivas en Ceuta y Melilla y los servicios sociales para mayores y dependientes; y las mutuas colaboradoras, entidades privadas, participan en la gestión de la incapacidad temporal y las contingencias profesionales. Todo ello descansa sobre la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) y su normativa de desarrollo.